ETIOPÍA EN BÚSQUEDA DE UNA PAZ DURADERA TRAS UNO DE LOS CONFLICTOS MÁS MORTÍFEROS DEL SIGLO XXI
La guerra en Tigray, iniciada en noviembre de 2020, ha causado miles de muertos y desplazados. Un conflicto complejo con raíces étnicas y políticas, marcado por la violencia y la crisis humanitaria. Tregua incierta, con combates intermitentes y un futuro aún incierto.
Tras décadas de regímenes represivos y tres años de protestas en Etiopía, el primer ministro Abiy Ahmed introdujo reformas institucionales en 2018, que avivaron las esperanzas de una sociedad más justa y más libre. Una sociedad en la que el poder se distribuyera de manera más equitativa entre más de 80 grupos étnicos los cuales hablan mas de 70 idiomas. Sin embargo, el fracaso político para llegar a un acuerdo inclusivo dio lugar a un nuevo estallido del conflicto en el norte de Tigray en noviembre de 2020, entre el Gobierno federal y el Frente de Liberación Popular de Tigray, amenazando la seguridad del Cuerno de África.
Figura 1: Mapa del conflicto en Etiopía. (Fuente).
Durante dos años la guerra causó devastación en Tigray, y en las regiones vecinas, matando a soldados y civiles, diezmando cultivos y ganado, destruyendo hogares y medios de vida. El saldo es desolador para el segundo país más poblado de África. La estimación más citada sobre el total de muertes a causa de la guerra, elaborada por Jan Nyssen de la Universidad de Gante, es de 600.000, aunque nunca se conocerá el número real. Ocultas al escrutinio, se cometieron terribles atrocidades por ambas partes, investigadas desde 2021 tras la creación de la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Etiopía (ICHREE). Además, la guerra constató la aparición de nuevos grupos armados antigubernamentales. Lo que el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, describió inicialmente como una operación de “ley y orden” se convirtió en uno de los conflictos más brutales del siglo XXI.
Las visiones opuestas del federalismo étnico y el pan etiopismo habían agudizado las tensiones interétnicas, especialmente entre las principales etnias oromos, amharas y tigrayanos. Por este motivo, no se han podido abordar cuestiones trascendentales como la centralización del poder en la capital y la marginación socioeconómica y cultural. El 29 de diciembre de 2021, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que creó la Comisión Nacional de Diálogo, con el mandato de fomentar un "diálogo público inclusivo de base amplia que genere consenso nacional”. Un proceso de justicia transicional, como el que se inició, creíble y realizable, que aborde el legado de las violaciones de los derechos humanos del país e involucre a los principales actores políticos y de la sociedad civil, incluido las víctimas, es fundamental para establecer una paz duradera.
En noviembre de 2022 se firmó el Acuerdo de Cese de Hostilidades (CoHA), con la mediación de la Unión Africana, con el fin de detener los enfrentamientos, levantar la restricción gubernamental en Tigray, permitir la entrada de ayuda humanitaria en la región y restablecer los servicios básicos para la población. Si bien la guerra de Tigray terminó a finales de 2022, las batallas continuaron en Oromia y estallaron nuevos enfrentamientos en Amhara. Aunque la posición oficial es implementar la justicia transicional mientras continúan las hostilidades, desde la aprobación de la hoja de ruta en abril de 2023 y la creación del Grupo de Trabajo de Expertos de Etiopía, la pregunta es, ¿es esto posible?
Este mismo Grupo de Trabajo de Expertos ha advertido sobre las dificultades y los retos de este proceso en el actual contexto. Llama la atención que la Política de Justicia Transicional aprobada no destaca la necesidad de un proceso de paz concluido. Esto contrasta con la política de la Unión Africana, la cual establece que los procesos de paz deben ser parte integral de los esfuerzos de justicia transicional.
La paz podría garantizar la aplicación de la justifica transicional, la participación significativa de todas las partes, desde las víctimas y agresores hasta los grupos armados Oromia y Amhara, y la aceptación pública necesaria para asegurar el cumplimiento del proceso. Uno de los principales objetivos de la política de justifica transicional de Etiopía es poner fin al ciclo de violencia mediante la reforma institucional. Sin embargo, si no se pone fin primero a los conflictos en curso y se abordan las causas estructurales que desembocaron en los combates, puede ser complicado garantizar que no se repitan las agresiones de nuevo. La reforma de las instituciones no garantizará necesariamente un futuro regido por el Estado de derecho.
La política aprobada también exige mecanismos especiales de investigación, procesamiento y juzgamiento para establecer responsabilidad penal. Sin embargo, la búsqueda de la rendición de cuentas durante la violencia no sólo es difícil a nivel político y jurídico, sino que puede no ser suficiente para disuadir de que se cometan más atrocidades. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se creó durante el conflicto. Sin embargo, algunas de las peores atrocidades, como el genocidio de Srebrenica, ocurrieron después de su creación.
La comunidad internacional, en particular los Estados Unidos y la Unión Europea, ha instado a Etiopía a que aplique la justicia transicional como parte de su compromiso en virtud del Acuerdo de Cesación de Hostilidades de 2022. Sin embargo, a pesar de haber sido un importante aliado de Estados Unidos desde 1990, el conflicto interno ha abierto una brecha entre Etiopía y sus aliados occidentales. Las amenazas de la Unión Europea de imponer sanciones, así como la decisión de Estados Unidos de retirar a Etiopía de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), han sido vistas por Adís Abeba como una manifestación de apoyo al TPLF. Adís Abeba, al percibir que Occidente era hostil a su causa, ha girado hacia él este en busca de apoyo diplomático y militar de actores como China y Rusia, al igual que Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.
Otras partes externas han tratado de ayudar en las últimas negociaciones de paz entre el gobierno de Etiopía y el Ejército de Liberación Oromo. A pesar de que las tensiones persisten mientras ambas partes se aferran a una retórica incendiaria, para lograr el fin de las hostilidades es crucial seguir y expandir estos esfuerzos en conjunto con actores regionales como la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y la Comisión de la Unión Africana bajo el lema "soluciones africanas a problemas africanos”, para evitar que la inestabilidad se propague en la región.
Figure 2: El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, durante la inauguración de una placa conmemorativa en Adís Abeba. (Fuente).
Desde las conversaciones de paz de Londres de 1991 entre el Dergue, una junta militar comunista que gobernó Etiopía en los años 70, y los movimientos de liberación de Eritrea, Oromia y Tigray, las negociaciones selectivas y en gran medida bilaterales y los esfuerzos de paz incompletos han dado lugar a conflictos recurrentes. El acuerdo entre Etiopía y Eritrea, que le valió al primer ministro Abiy Ahmed Ali el Premio Nobel de la Paz en 2019, dos años más tarde acusado de crímenes de guerra por las Naciones Unidas, fue en parte una de las razones que llevó a la guerra de Tigray, ya que el TPLF se sintió marginado.
Los procesos de paz en Etiopía deben integrar los requisitos de la justicia transicional tal y como se ejemplifica en el Acuerdo de Cesación de Hostilidades y se destaca en la política de justicia transicional de la Unión Africana. De este modo se podrá evitar que las negociaciones entre las partes se conviertan en vías para negociar amnistías, creando cláusulas de impunidad. La necesidad de paz en Etiopía es primordial y urgente. Si se demora su resolución, se espera que el conflicto tenga un impacto importante en la estabilidad y seguridad de África Oriental, en particular para los vecinos de Etiopía en el Cuerno de África.
